¿Por qué la Eurocámara no detectó el caso Alvise? "Las declaraciones de los eurodiputados no se verifican"

100.000 euros a cambio de influencia política. Y en efectivo, para escapar del control del Tribunal de Cuentas. El caso Alvise Pérez simboliza lo que el Parlamento Europeo prometió erradicar tras el Qatargate, la trama de sobornos a eurodiputados por parte de los gobiernos de Catar y Marruecos para que defendieran sus intereses ante las instituciones de la Unión.

Ante este escándalo, el organismo endureció los mecanismos de prevención de conflictos de interés que exigen a los eurodiputados. Al acceder a su escaño, todos deben informar de las actividades económicas que han llevado a cabo en los tres años anteriores. También, aunque no se les prohíbe tener otros ingresos durante su mandato, deben declarar el origen de aquellos superiores a 5.000 euros anuales brutos, así como de las organizaciones de las que sean miembros o de las empresas en las que tengan una participación significativa.

Sobre su etapa previa a la de eurodiputado, Luis ‘Alvise’ Pérez se define en su declaración de intereses como “analista y consultor político, por cuenta propia” y “sin remuneración, sólo donaciones”. Un espacio en blanco describe su situación actual relativa a las actividades que lleva a cabo más allá de su labor parlamentaria. Y aquí, las incongruencias.

El 27 de mayo, en plena campaña electoral, el líder de Se acabó la fiesta (SALF) recogió 100.000 euros en efectivo en Sentinel, una sucursal propiedad de Álvaro Romillo, alias CryptoSpain. Este empresario de criptomonedas, investigado por la Audiencia Nacional por una supuesta estafa piramidal, denunció al eurodiputado y aportó varios mensajes en los que este le ofrecía favores futuros a cambio de financiación.

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“Las encuestas me dan hasta dos diputados. Si logro entrar, podríamos organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre las criptodivisas y la independencia fiscal. Me encantaría,” le escribió cinco días antes de retirar el dinero. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido elevar el procedimiento al Supremo para investigar al sevillano, dada su condición de aforado. La maquinaria para ello ya está en marcha: la solicitud del magistrado José Luis Calama, en la que pide la confirmación de que Alvise es miembro de la cámara europea, ya está en manos de la institución. Este es el último paso antes de enviar la causa al alto tribunal e imputar al presidente de SALF.

Sea por un delito de financiación ilegal o, como justificó en redes sociales, por una factura no declarada, no resulta extraño que el eurodiputado aporte una descripción vaga sobre sus actividades y no informe de comportamientos que podrían ser declarados delictivos cometidos antes de ingresar en la Eurocámara.

Pero, por otra parte, Alvise no aclara con qué otras percepciones cuenta. En resumen: ¿de qué vive si sortea su sueldo? Un elefante en la habitación ante el que la Eurocámara aún no ha levantado ni una ceja.

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“Prometí vivir siempre de mi oficio y no cobrar un solo euro público jamás, y así lo veréis”, aseguró en redes sociales al anunciar su candidatura para las europeas y su compromiso de sortear su salario. En su canal de Telegram, con más de 720.000 seguidores, solicita ayuda “ante el hostigamiento judicial, político y mediático” mediante diferentes vías de pago: a una cuenta en Sabadell, otra en Revolut, por Bizum o a través de Patreon, una página web de mecenazgo donde, a fecha de publicación de este artículo, cuenta con 479 suscriptores mensuales.

Estos pagos “no pueden ser considerados como donaciones”, en opinión de Jose María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). De ser así, el diputado debería presentar las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para cada aportación recibida. Sin embargo, en el caso de Patreon, la plataforma está obligada a recoger y declarar el IVA de cada suscriptor. “Lo hace porque es una actividad económica y hay una contraprestación, no sabemos cuál, pero la hay, porque si no, no se liquidaría el IVA”, valora Mollinedo. A cierre de este artículo Luis 'Alvise' Pérez no ha contestado a nuestras preguntas.

Al preguntar al propio Parlamento Europeo sobre el caso del eurodiputado español, aseguran no poder “comentar casos individuales ni casos judiciales potenciales o en curso” y recalcan que el parlamento “no cuenta con capacidad de investigación y siempre se remite a las autoridades competentes —europeas y nacionales— responsables”. En este sentido, mencionan el Código de Conducta para los diputados y aclaran que la “responsabilidad última de estos es cumplirlo”.

“Son los propios miembros quienes deben identificar los conflictos de intereses"

Los servicios de la Eurocámara comprueban, de manera genérica, la verosimilitud de las declaraciones de intereses privados y avisan a sus miembros de posibles omisiones, lo que puede llevar a una actualización de estos documentos. “Algunos casos de posibles infracciones del Código de Conducta han sido comunicados a la administración del Parlamento Europeo. Los casos individuales son tratados por el Comité Consultivo a puerta cerrada y con total confidencialidad”, explica el servicio de prensa de la institución, que recuerda que se publicará un informe anual “con información anonimizada en marzo o abril del próximo año”.

Aún así, se trata de un régimen de autocontrol. “Son los propios miembros quienes deben identificar los conflictos de intereses. Si alguien se percata de que incurre en uno, debe esforzarse por resolverlo”, expone la Eurocámara, que define que el conflicto de intereses surge cuando cualquier tipo de interés privado pueda influir en el ejercicio del mandato. Con todo, solo cuatro diputados, de 720, reconocen la existencia de potenciales conflictos. El resto, pese a haber dudas razonables, o no observan riesgos o ni siquiera completan esta documentación.

Más sueldo ‘extra’ que de eurodiputado

Como reacción a estos mecanismos de autocontrol, que consideran insuficientes, organizaciones como Transparencia Internacional vigilan la rendición de cuentas de los eurodiputados. En colaboración con esta ONG, y bajo la coordinación de Le Monde y ARIA, El Confidencial y otros seis medios europeos —De Tijd (Belgium), L’Espresso (Italy), der Spiegel y ZDF (Germany), der Standard (Austria) y Desmog— han analizado las 1.700 actividades declaradas en la nueva legislatura, así como las posibles omisiones.

Tres de cada cuatro diputados declaran otra actividad al margen del Parlamento. En total, 216 reciben algún pago extra. La ONG calcula que se embolsan, entre todos y además de sus nóminas, más de 6 millones de euros complementarios.

Las cifras recogidas por Transparencia Internacional, disponibles en su página EU Integrity Watch, son estimaciones: no todos los parlamentarios siguen los mismos criterios al rellenar sus declaraciones, así que consignan pagos únicos, mensuales o anuales, tanto en bruto como en neto.

Aún así, con todas las cautelas, estos números permiten aproximarse a los posibles ingresos extraparlamentarios de los diputados. Según su análisis, 14 eurodiputados podrían ganar más dinero por sus actividades paralelas que por lo que cobran del Parlamento Europeo.

En cabeza, el rumano Gheorghe Piperea, perteneciente al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, que declara unos ingresos extra de más de 657.000 euros anuales. Más de la mitad, solo de su actividad como abogado en un despacho en el que es socio fundador. En quinta posición aparece el alemán Manfred Weber que recibe un sueldo como líder de los populares europeos.

Por países de origen, los diputados alemanes, rumanos o franceses son los que más ingresos extra acumulan. Aquí, los españoles caen hasta la décima posición: 43 de los 60 eurodiputados de nuestro país declaran alguna actividad complementaria, aunque solo siete indican alguna remuneración. La mitad de estos importes corresponde a los ingresos de Juan Carlos Girauta. El representante de Vox en la UE declara unos ingresos netos de 7.000 euros mensuales (84.000 al año) como columnista de El Debate.

El siguiente español que más dinero declara (36.000 euros anuales) es Jorge Buxadé, también de Vox. Una parte de la previsión de ingresos corresponde, como ya declaraba en la anterior legislatura, a su actividad como abogado antes de su incorporación a la Eurocámara. Se trata, explica, de procesos que aún se están liquidando y resolviendo pero de una actividad que no mantiene activa. “Ni hay ni habrá conflictos de intereses”, afirma. El resto los atribuye a “eventuales servicios profesionales” que presta a su formación, explica a El Confidencial.

En tercer lugar está Irene Montero que declara un pago único de 20.000 euros por la escritura de su libro 'Algo habremos hecho'. Le sigue Adrián Vázquez, ex de Ciudadanos y hoy en las filas del Partido Popular, con ingresos de 15.000 euros por el alquiler de un inmueble y por impartir clases como profesor universitario. Cierran, con cantidades inferiores, César Luena (PSOE), también docente y, Alma Ezcurra (PP) por asistir a conferencias de la fundación Reformismo 21. Esteban González Pons anuncia posibles remuneraciones por derechos de autor, con el compromiso de declarar las cantidades cada año; como referencia, en 2023 recibió por este concepto 7.600 euros.

Empresas propias que no se declaran

Ampliando la mirada más allá de nuestras fronteras, otros casos de eurodiputados internacionales han evidenciado la insuficiencia del sistema de transparencia del Parlamento Europeo para controlar el conflicto de interés. Esto ha permitido, por ejemplo, la participación de diputados en comisiones que, según el reglamento, deberían considerarse incompatibles.

Un caso destacado por el periódico belga De Tijd es el de Kathleen Van Brempt, vicepresidenta de la Comisión de Comercio Internacional y miembro del grupo S&D. Pero Van Brempt figura además como socia de una consultora fundada con su marido en 2020, una actividad que omitió declarar durante la legislatura anterior.

Preguntada por ello, Vam Brempt aseguró al medio belga que las actividades de su esposo no han influido en su trabajo parlamentario y que, “de existir alguna interferencia, lo comunicaría". Sin embargo, no es la primera vez que se producen omisiones en sus declaraciones y, aunque afirma no involucrarse en la gestión, la sede de la empresa se encuentra en su domicilio.

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“El Parlamento Europeo no verifica la declaración”, confirma Raphaël Kergueno, miembro de Transparencia Internacional. El experto insiste en que la información de estos documentos es responsabilidad de cada eurodiputado. “La institución no tiene capacidad para solicitar, por ejemplo, documentos justificativos adicionales o intentar comprender realmente la naturaleza de cada actividad”, lamenta.

Así, desde la ONG identifican tres principales problemas: la falta de verificación, la aceptación de la existencia de posibles conflictos de interés y que no exista una limitación por ingresos “extra”.

Al final, estas declaraciones se ven sujetas al juicio propio de los europarlamentarios y no están sometidas a algún requerimiento estricto. Aunque desde el Qatargate el parlamento fijó la necesidad de dar más detalles sobre lo ingresado, consiguiendo que las declaraciones sean “más precisas”,en palabras de Kergueno, “siguen sin resolverse cuestiones como los conflictos de interés”.

“Llevamos 10 años notificando sobre este tipo de inconvenientes, de posibles escándalos tras los conflictos de interés que puedan aparecer y de la falta de una reforma significativa, pero sólo depende de los propios eurodiputados decidir si quieren reformar o no”, sentencia Kergueno.