El Gobierno destinará casi medio millón a sus organismos para vigilar medios y redes sociales

En pleno chaparrón de escándalos de corrupción que afectan al núcleo del presidente del Gobierno, la factoría de Moncloa sigue a pleno rendimiento para sacar adelante la tramitación de la ley de medios de Pedro Sánchez. El Ejecutivo plantea la creación de dos organismos que vigilen el cumplimiento de la ley y determinen las sanciones contra las redes sociales y los medios de comunicación. Se trata de la Dirección de Servicios Digitales y la Dirección de Medios de Comunicación, para los que el Gobierno de Sánchez prevé un presupuesto de 418.339 euros, como figura en la memoria del anteproyecto.

Casi medio millón de euros destinados al control de las plataformas digitales y la prensa. Cada una de estas direcciones, enmarcadas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tendrá asignados 146.270 euros de presupuesto. A su vez, el Ministerio para la Transformación Digital de Óscar López propone asignar a cada dirección una unidad de apoyo dotada de 62.899 euros. "Desde el punto de vista del Presupuesto de Gastos, la presente Ley supone un incremento de gasto, dado que será necesario dotar ampliamente a la CNMC de los recursos humanos y financieros necesarios para que pueda supervisar e investigar", apunta el Ministerio de López.

El Gobierno aspira a que estos organismos sean capaces de recaudar lo suficiente a través de las sanciones que impongan a medios y plataformas digitales para mantener su funcionamiento: "La materialización de las sanciones previstas en la ley implicará la recaudación de ingresos, que serán aplicados a los correspondientes Presupuestos de ingresos de los órganos competentes de acuerdo con el procedimiento de recaudación previsto al efecto".

Sanciones en manos de Óscar López

Los vigilantes de que se cumpla la norrmativa sobre "gobernanza democrática" en la prensa nacional es la Dirección de Medios de Comunicación, integrada en la CNMC. Como se establece en el borrador, deberá "supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito estatal que ofrezcan noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad". Por su parte, la Dirección de Servicios Digitales controlará y supervisará a las plataformas digitales.

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El Gobierno intentó que este último organismo, el Gran Hermano de las redes sociales, se crease por la vía del decreto ómnibus 2.0, pero Junts le obligó a retirarlo porque se inmiscuía en las competencias de Cataluña. El Gobierno cedió ante un nuevo pulso de la formación de Carles Puigdemont pese a haber superado ya el plazo máximo que estableció la Unión Europea para la trasposición del Reglamento europeo de servicios digitales.

La imposición de sanciones por incumplimiento de la ley de gobernanza democrática de los medios en casos "muy graves" va a corresponder al propio ministro para la Transformación Digital. Es decir, que Óscar López sería el encargado último de determinarlas. Entre las sanciones que se contemplan por casos muy graves se encuentran multas de 150.000 hasta 600.000 euros e incluso la prohibición de actuación en España durante dos años.

El borrador de la ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación ha pasado ya el trámite de la Audiencia pública y encara su recta final antes de pasar por primera vez por el Congreso de los Diputados. Aún debe pasar por la Abogacía del Estado o el Consejo de Estado, entre otros organismos gubernamentales, pero para el Gobierno de Sánchez es una prioridad la aprobación de esta ley, que fue anunciada hace justo un año, cuando el presidente proclamó su Plan de Acción por la Democracia. Su socio de gobierno, Sumar, está presionando para que Sánchez saque adelante cuanto antes esta normativa, aunque con los escándalos de corrupción que cercan al Ejecutivo los tempos se están complicando.

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El borrador de esta ley establece la creación del registro de los medios de comunicación, la evaluación de las concentraciones de estas compañías, su "impacto en el pluralismo informativo" y el establecimiento de regímenes sancionadores. En su exposición de motivos, el borrador alerta del "peligro" de ciertos "prestadores, incluidos los controlados por determinados terceros países, que practican de forma sistemática la desinformación, o la manipulación de información y la injerencia, y utilizan las libertades del mercado interior con fines abusivos, lo que impide el correcto funcionamiento de las dinámicas del mercado".

El Gobierno que más ha cargado contra la prensa con calificaciones como "pseudomedios" y la constante recurrencia al concepto "bulos" para referirse a las noticias defiende aquí que "disponer de una amplia gama de fuentes de información fiables y de periodismo de calidad capacita a la ciudadanía para tomar decisiones con conocimiento de causa, también sobre el estado de sus democracias".