De Soluciones de Gestión a OPR: todas las veces que el Gobierno ignoró las alertas de corrupción

El mensaje más repetido por el PSOE las últimas semanas es que actúa con "contundencia" frente a la corrupción, pero lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mirado hacia otra parte en las numerosas ocasiones en que se le ha avisado de la sospechosa condición de una empresa a la que han adjudicado contratos. El Ejecutivo socialista ignoró en su día las múltiples advertencias que había sobre Soluciones de Gestión, la empresa a través de la cual Víctor de Aldama colocó mascarillas en Adif, Puertos del Estado, el Ministerio del Interior, Canarias y Baleares. La misma falta de cuidado que puso el Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez o el de Óscar Puente con las alertas que había sobre empresas como Obras Públicas y Regadíos (OPR) o Servinabar 2000, de la que Santos Cerdán poseía el 45% de las participaciones.

La investigación contra el presunto pago de comisiones ilegales por parte de Aldama y la empresa Soluciones de Gestión por la venta de mascarillas al Gobierno de Sánchez por más de 50 millones de euros sigue su curso. Desde que estalló la operación Delorme con la detención de Koldo García, el PSOE tardó 14 meses en decidir la expulsión de militancia del PSOE de José Luis Ábalos. Pese a ello, insisten en que actuaron con "contundencia".

Mucho antes de que saliera a la luz esta investigación por parte de la Audiencia Nacional, el Gobierno de Sánchez defendió la solvencia y pulcritud de Soluciones de Gestión hasta en 7 ocasiones por escrito. El Ejecutivo socialista llegó a calificar de "experto importador en el mercado internacional" a esta compañía de 4 trabajadores y que estaba en números rojos.

Para encontrar la primera vez que el Gobierno miró a otro lado ante las advertencias que había sobre esta empresa hay que remontarse al 14 de mayo de 2020. El grupo parlamentario popular registró una pregunta escrita en el Congreso interesándose por esta compañía, que cobraba a 2,5 euros la mascarilla. Moncloa respondió entonces alabando que esta empresa había presentado su "escritura de constitución, el certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y el certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social". Se congratulaba de que había presentado esta documentación pese a no ser necesaria en el caso de un contrato de emergencia, una línea argumental similar a la que siguió Ábalos cuando estalló el caso Delorme.

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Otro grupo parlamentario también se interesó por este asunto en la Cámara Baja. En abril de 2020, los diputados de Vox Macarena Olona y Víctor González registraron preguntas haciéndose eco de publicaciones de El Mundo donde ya se informaba de que Soluciones de Gestión contaba con un oscuro historial y sus administradores eran dueños de un entramado de sociedades offshore. Además, esta compañía ya era investigada por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto pago de sobornos a funcionarios en Angola y por vender 150 millones en material policial a este mismo país, desapareciendo 100 millones.

Ninguno de estos antecedentes fue suficiente en la Moncloa, que defendió también aquí la contratación de Soluciones por "la necesidad de contar con gestores expertos en un mercado adquisición de bienes desbordado a nivel mundial por la crisis y las necesidades planteadas desde todos los puntos del planeta". "El contrato de suministro de mascarillas se ajustó a la normativa excepcional que les resultaba aplicable", insistirían un año después, en febrero de 2021, también mediante respuesta escrita.

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Las sospechas sobre Soluciones no impidieron que el Ministerio de Sanidad decidiera incluirle como proveedor en UTE con Ferrovial en el megacontrato de material sanitario con el que pretendía proveer de mascarillas y otros productos sanitarios a las comunidades autónomas. Esta vía terminó resultando infructuosa para la empresa de los socios de Aldama, ya que ninguna comunidad autónoma compró material a Soluciones a través del acuerdo marco.

Los avisos que ignoró Óscar Puente

En el Ministerio de Transportes de la era Sánchez hay un largo historial de omisiones a los avisos que alertaban de las empresas de la trama Cerdán. En el año 2022, con Raquel Sánchez al frente del ministerio, Adif recibió una denuncia a través de su Canal Ético poniendo en duda diversas licitaciones en las que había participado la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR). Esta compañía de los hermanos Fernández Menéndez figura en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como una de las presuntas corruptoras. De hecho, se encargaron de encontrarle un puesto a la mujer de Koldo García en una empresa de Granada de la que cobró sin trabajar.

En 2022, Adif recibió esta denuncia donde se señalaba que se favorecía a OPR en las licitaciones y se apuntaba a altos cargos del ente público. Adif concluyó tras seis meses de investigación que no había "irregularidades" en estas licitaciones, una posición que el Gobierno respaldó por escrito en 2023, como adelantó El Confidencial.

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A continuación llegaría un segundo aviso sobre esta empresa. Sería el propio Víctor de Aldama el que la señalaría como una de las tres principales empresas que habrían pagado comisiones a cambio de que se les adjudicase obra pública. Aldama presentó documentación al respecto en el Tribunal Supremo en diciembre de 2024. El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, llamó "papeluco" a las pruebas del empresario y en enero de este año le adjudicó a OPR un contrato de 2 millones de euros para construir una pasarela peatonal en la autovía de Granada.

El mismo Óscar Puente subvencionó con 40 millones de euros las obras adjudicadas por el Gobierno de María Chivite en Navarra a Servinabar 2000, la empresa de Cerdán, para las actuaciones en el túnel de Belate. A principios de 2024, antes de que se supiera que Cerdán estaba detrás de la empresa, esta adjudicación ya estaba envuelta en polémica. La prensa local se había hecho eco de cómo tres de los ocho miembros de la mesa de contratación emitieron votos particulares al ver "indicios de arbitrariedad" en la adjudicación.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) advirtió de esta situación por escrito en el Congreso de los Diputados en enero de 2024. Pese a estas circunstancias, el Ministerio de Óscar Puente aprobó un Real Decreto en octubre de 2024, que previamente había sido llevado al Consejo de Ministros, donde se aprobaba la concesión de estos 40 millones de euros repartidos entre 2024 y 2026. El vocal interventor de la Mesa de Contratación afirmó en su voto particular que el informe de valoración se había realizado "sin lógica argumentativa y con ausencia de criterio valorativo".